El Tribunal Constitucional rechazó por un aplastante margen de 9 a 1 el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la norma de servicios básicos de la Ley de Reconstrucción Nacional.
La controversia apuntaba al artículo 31 de la ley. Esta disposición exige a las empresas la reposición e instalación gratuita de los servicios básicos a las familias afectadas por emergencias o desastres naturales, algo que el Gobierno intentó impugnar sin éxito.
La decisión del TC dejó expuesta la brecha de criterios entre el gabinete. De hecho, el biministro Claudio Alvarado ya había advertido que el recurso del Ejecutivo era débil y que faltó coordinación entre los ministerios, emplazando indirectamente al lider de Hacienda, Jorge Quiroz.
Con esto, la gratuidad en la restitución de suministros en zonas de catástrofe quedó plenamente blindada.