Una indagatoria de la Policía de Investigaciones reveló que Irina Karamanos realizó cinco abonos a la Fundación Procultura durante la campaña presidencial de Gabriel Boric, todo esto en el marco de las diligencias por el “Caso Convenios”.
La Brigada Anticorrupción de la PDI descubrió una serie de movimientos bancarios sospechosos por parte de Karamanos que suman más de 4 millones de pesos, que podrían constituir devoluciones de dineros de proyectos adjudicados.
Por tal motivo, la unidad policial presentó este informe al Ministerio Público para llamarla a declarar en calidad de imputada.
No obstante, tan solo días después de este hallazgo, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió remover al persecutor a cargo de la investigación, Carlos Palma, después de que su nombre saliera a la luz dentro de los chats del abogado Luis Hermosilla, los que darían cuenta de eventuales tratos irregulares con la pareja de la Ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
En este contexto, el diputado y subjefe de la banda de la UDI, Henry Leal, cuestionó la suspensión del fiscal Palma, acusando un nulo avance de la investigación. "Este caso explotó hace más de un año, pero ha estado paralizado durante los últimos meses. La mención de Karamanos reviste una gravedad considerable".
Consultado sobre este nuevo hecho, en conversación con un medio nacional, el presidente Gabriel Boric sostuvo que confía plenamente en su expareja, "ella va a colaborar totalmente en todas las diligencias que sean necesarias. No me cabe duda que esa sospecha va a ser descartada".
Por su parte, Karamanos, por medio de sus redes sociales, negó categóricamente haber abonado algún monto a dicha fundación y desmintió cualquier insinuación de alguna participación de financiamiento irregular de la política.
— Irina Karamanos (@IrinaKaramanos) October 3, 2024
En tanto, desde Chile Vamos, Renovación Nacional y la UDI anunciaron una comisión investigadora por esta arista.
Recordemos que el caso procultura es una de las más investigaciones más importantes del Caso Convenios debido a la cantidad de actores y entes involucrados en las irregulares transferencias de los gobiernos regionales de Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Aysén y Magallanes, en beneficio de la organización. Las transferencias en total suman más de 3.500 millones de pesos.