La propuesta del Gobierno de eliminar el pago de contribuciones para la vivienda principal de adultos mayores abrió un intenso debate en el mundo político y municipal, ante sus posibles efectos en el financiamiento de las comunas.
Autoridades han advertido que esta exención podría afectar directamente los ingresos del Fondo Común Municipal, clave para financiar servicios básicos en la mayoría de las comunas del país, especialmente las de menores recursos.
La medida beneficiaría a personas de 65 años o más que residan en su vivienda, alcanzando a cerca de 294 mil adultos mayores a nivel nacional, parte de ellos con ingresos superiores a los $2 millones de pesos mensuales.
Alcaldes y representantes del sector han manifestado inquietud por eventuales impactos en áreas como seguridad, programas sociales y mantención urbana.